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Las novedades que trae la nueva Ley de Contratación del Sector Público


¡Hola a todos!

Este jueves 9 de noviembre se ha publicado en el BOE la nueva Ley de Contratación del Sector Público, que es la Ley 9/2017, de 19 de octubre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014). 

Os recordamos que esta reforma afecta a las siguientes oposiciones:

  • Gestión de la Administración Civil del Estado  TL y PI(Tema 5  y 4 respectivamente de Derecho Administrativo General)
  • Jueces y Fiscales (Tema 9 de Derecho Administrativo)
  • Administrativo de la Administración del Estado Turno Libre y Promoción Interna (Tema 4 de Derecho Administrativo)

La norma entrará en vigor cuatro meses después de su publicación, salvo la letra a) del apartado 4 del artículo 159 y la letra d) del apartado 2 del artículo 32, que lo harán a los diez meses de la citada publicación; y los artículos 328 a 334, así como la Disposición final décima, que lo harán al día siguiente de la publicación, es decir el 10 de noviembre.

Se trata de una norma especialmente larga:

    • 347 artículos
    • 53 disposiciones adicionales
    • Cinco disposiciones transitorias
    • Una disposición derogatoria
    • 16 disposiciones finales
    • Seis anexos

 

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA NORMA

La norma busca una mayor transparencia en la contratación pública, conseguir una mejor relación calidad-precio y simplificar los trámites, con el fin de mejorar el acceso para las PYMES. La ley busca un sistema de contratación contenido en el gasto, pero eficiencia que respeto de los principios de igualdad de trato, transparencia, no discriminación, proporcionalidad e integridad.

 

NOVEDADES QUE INTRODUCE LA LEY

Publicidad

La norma suprime la posibilidad de contratar sin previa publicidad.

Además, se crean nuevos procedimientos que requieren de publicidad obligatoriamente: el abierto simplificado, el de asociación para la innovación y el de licitación con negociación.

Asimismo, los expedientes de contratación serán públicos, salvo los de la información clasificada o que pueda poner en peligro otros derechos, siempre de forma motivada.

 

PYMES

Los contratos susceptibles de fraccionamiento se tendrán que dividir en lotes obligatoriamente. De esta forma se facilita el acceso de PYMES y se simplifica el proceso administrativo.

Solvencia: las empresas de nueva creación o con menos de cinco años de existencia no tendrán que acreditar haber trabajado con la Administración Pública. Además, los requisitos de solvencia para pequeñas y medianas empresas tendrán que estar vinculadas al objeto del contrato y ser proporcionales.

Pliegos: se rebajan las exigencias de solvencia técnica.

Precio: ahora prevalece el criterio de “la mejor relación relación calidad-precio”, mientras que antes se primaba “la oferta económica más ventajosa”.

 

Creación de una oficina de control propia

La ley crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión. Este organismo será dependiente del Ministerio de Economía. Tiene capacidad para emitir recomendaciones para  que las cumplan los órganos de contratación. Sus integrantes, los cuales nombra el gobierno,  tendrán un mandato de seis años. Consecuentemente, la CNMC deja de ejercer funciones de supervisión

 

Contratación de la Administración Pública

La adjudicación directa se permite para los contratos de hasta 40.000 euros para contratos de obra (antes eran 50.000) y de 15.000 para el resto (antes eran 18.000).

Además, Se introducen modelos de adjudicación express para los contratos de obra de menos de 80.000 euros y de 35.000 para el resto de contratos.

 

Morosidad

Las empresas que trabajan con las AAPP tendrán la obligación de depositar sus facturas en un registro electrónico para evitar que tarden en pagar a sus proveedores.  Además, si lo prevén los pliegos de contratación, las AAPP podrán pagar directamente las facturas a los subcontratistas, quitando el correspondiente valor pagado a los contratistas.

Por otro lado, las AAPP están  obligadas a comprobar el cumplimiento de los plazos de pago y de imposición de las penalidades en los contratos de obra y en los contratos de servicios cuyo valor supere los cinco millones de euros o que el el importe de la subcontratación sea igual o más al 30%  del precio del contrato, en relación a los pago a subcontratistas que hayan asumido por contrato con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra

También se  se garantiza la posibilidad de rescindir los contratos por impago de los salarios a los trabajadores.

 

Otras novedades

  • Los sujetos condenados por corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho o fraudes tienen prohibido ser contratistas de las AAPP.
  • Se prevé aumentar la contratación electrónica y la tramitación electrónica de todas las gestiones posibles.
  • Las entidades públicas quedan sometidas a la ley.
  • Los partidos políticos, y sindicatos tendrán que someter a procedimientos públicos la adjudicación de contratos cuando la mayoría de su financiación sea pública.
  • Se eliminan los contratos de gestión de servicios públicos  y los de colaboración público-privada.
  • El recurso especial se prevé para contratos de obras de más de tres millones de euros, para contratos de suministros y servicios y para contratos administrativos especiales de 100.000 euros y aquellos donde no se pueda establecer el valor.
  • Prohibición de indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas.

 

Como dijimos es una norma muy extensa y con muchísimas novedades, en este artículo solo os contamos algunas de ellas. 

El equipo de OpositaTest

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