¡Hola a todos!

Hoy, en nuestra sección “Pinceladas de Jurisprudencia” queremos hacer referencia a si existe protección o no del derecho fundamental al honor siendo persona física, o bien, tratándose de una persona jurídica de Derecho Público.

 

Gran Hermano vs. Derecho a la dignidad personal: STS  448/2016, de 1 de julio de 2016

Tras desestimarse la demanda presentada ante el Juzgado de Primera Instancia que dictó sentencia con fecha 13 de noviembre de 2013 y el recurso de apelación interpuesto ante la Audiencia Provincial de Salamanca en sentencia de 25 de febrero de 2014, la demandante interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la protección del derecho al honor e intimidad frente a Gestevisión Telecinco S.A. por la vulneración de tales derechos.

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La demandante  había participado en el año 2004 en el programa de televisión Gran Hermano VI, donde permaneció durante dos horas, dado que al entrar en “La Casa” se había encontrado con dos compañeros del concurso: «X» (con quien había mantenido una relación afectiva) y “Y” (novia de X en el pasado), solicitando de manera inmediata su “salida de la Casa”, dando así por finalizada su participación en el programa al sentirse engañada y víctima de una “encerrona” planificada por Zeppelin TV y resolviendo toda relación contractual con la productora.

A raíz de los hechos, la demandante consideró que Gestevisión Telecinco S.A. había vulnerado su derecho al honor y a la propia imagen por las referencias a su persona, una vez rota su relación contractual, realizadas tanto en la página web de la cadena como en el programa “La Noria”, en 2008 y 2009, al referirse al “trío” o “triángulo amoroso” . Y que, Telecinco había incumplido el acuerdo al que habían llegado al emitir, sin su consentimiento, el primer casting en el que la demandante contaba a los psicólogos del programa, sin saber que iba a ser emitido públicamente, la ruptura con su exmarido y el comienzo de su relación con X.

El Tribunal Supremo pone de relieve que “la proyección pública y social no puede ser utilizada como argumento para negar, a la persona que la ostente, una esfera reservada de protección constitucional en el ámbito de sus relaciones afectivas, derivadas del contenido del derecho a la intimidad personal, reduciéndola hasta su práctica desaparición” (STC 7/2014, de 27 de enero, FJ. 4 a)).

Según indica la sentencia, “la demandante se negó a aceptar la situación creada por la productora en orden a generar una situación dentro del programa GH favorable a sus intereses comerciales al margen de los derechos de la afectada”. A lo que añade el Supremo que, “desde el momento en que la demandante opta por resolver el contrato celebrado con la productora, renunciando al beneficio de haber sido elegida para participar en el programa, y tal resolución es aceptada por dicha productora, no existe prestación alguna a cargo de la demandante ni dejación de tales derechos por la interesada a efectos de que se pueda utilizar su nombre y su imagen captada en la entrada en el programa, afectando ello ilegítimamente a su intimidad en tanto que se utiliza una relación amorosa reconocida por la demandante para insistir en circunstancias personales que solo a ella afectan y que en absoluto pueden ponerse a disposición del público por el mero hecho de que en un momento dado firmara un contrato que posteriormente, como se ha repetido,  quedó sin efecto alguno”.

Apreciando el Supremo la existencia de “una intromisión ilegítima -no justificada- que fundamentalmente afecta al honor y a la intimidad de la demandante”. Por lo que condena a Mediaset España Comunicación S.A. a indemnizar en la cantidad de 30.000€ a la ex concursante de Gran Hermano, así como a dar publicidad de la presente sentencia en uno de los espacios de Telecinco que sea equivalente en audiencia a aquellos en que se realizaron los comentarios referidos, además de al pago de las costas.

 

¿Son las personas jurídicas de Derecho Público titulares del derecho fundamental al honor?: STS  408/2016, de 15 de junio de 2016

Desestimados los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por el Ayuntamiento de Sobrescobio contra la Sentencia dictada el 9 de junio de 2014 por la Audiencia Provincial de Oviedo contra D. José Daniel, por el escrito de alegaciones que hizo con motivo de un expediente administrativo abierto sobre una concesión, tras la interposición de una demanda contra don José Daniel, en nombre del Ayuntamiento de Sobrescobio, al amparo del artículo 18 CE y los artículos 9 y concordantes de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Se expone que “al inicio de la deliberación del asunto en esta Sala, se suscitó la cuestión de si las personas jurídicas de Derecho público son, o no, titulares de los derechos fundamentales garantizados por el artículo 18.1 CE”. Y a este respecto,  reiterada jurisprudencia expone que “a falta de legitimación “ad causam” para promover un proceso, en cuanto afecta al orden público procesal, debe ser examinada de oficio, aunque no haya sido planteada en el periodo expositivo, ya que los efectos de las normas jurídicas no pueden quedar a voluntad de los particulares de modo que llegaran a ser aplicadas no dándose los supuestos queridos y previstos por el legislador para ello” (FJ. 3º).

La Sala considera que “las personas jurídicas de Derecho Público -como es el Ayuntamiento- no son titulares del derecho fundamental al honor”. Añadiendo las SSTS 344/2015, de 16 de junio y 594/2015, de 11 de noviembre que, “aunque el honor es un valor que debe referirse a las personas físicas individualmente consideradas, el derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación en que consiste no es patrimonio exclusivo de las mismas (STC 214/1991, de 11 de noviembre)”.

Siendo preciso tener presente, en virtud de la STC 107/1988, de 5 de julio, que “el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas, lo cual hace inadecuado hablar de honor de las instituciones públicas o de clases determinadas del Estado, respecto de las cuales es más correcto, desde el punto de vista constitucional, emplear los términos dignidad, prestigio y autoridad moral, que son valores que merecen la protección penal que les dispense el legislador, pero que no son exactamente identificables con el honor, consagrado en la Constitución como derecho fundamental”. Tal como ha establecido la jurisprudencia constitucional, “no cabe, como regla, predicar de esa clase de personas jurídicas la titularidad de otros derechos fundamentales que los procesales que establece el artículo 24 CE y en los limitados términos que expresa la STC 195/2015, de 21 de septiembre” (FJ. 5º).

En esa misma línea se sitúa la doctrina científica de modo prácticamente unánime al establecer que “el Estado y en general las personas jurídicas de Derecho público no tienen, como regla general, derechos fundamentales, sino competencias”. Al igual que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en interpretación del art. 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (decisiones de inadmisión Dösemealti Belediyesi c. Turquía, de 23 de marzo de 2010 y Demirbas c. Turquía, de 9 de noviembre de 2010 y sentencia Granitul, S.A. c. Rumanía el 22 de marzo de 2011).

Concluye la Sala que “hay que partir, pues, de la regla general que las personas jurídicas de Derecho Público no son titulares de derechos fundamentales. Dicha regla puede tener excepciones, incluso para derechos diferentes de los procesales que reconoce el artículo 24 CE; pero no ha hallado esta Sala, ni en la doctrina constitucional española ni en la comparada, razones que impongan que entre estas excepciones se encuentre el derecho fundamental al honor”. Por ello, “las personas jurídicas de Derecho Público no son titulares del derecho al honor garantizado por el artículo 18.1 CE. Consecuentemente, el Ayuntamiento de Sobrescobio carecía de legitimación para ejercitar las pretensiones que dedujo la demanda iniciadora del presente proceso”, lo que “de ningún modo comporta negar que tales personas jurídicas puedan reclamar, con fundamento en el artículo 1902 CC, indemnización de los perjuicios que les causen los atentados a su prestigio institucional o autoridad moral. Pero deberán probarlos cumplidamente, pues no gozan de la presunción de perjuicio que establece el artículo 9.3 de la LO 1/1982”.

 

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